El Salvador es uno de los cinco países de América Latina en los que se aplica la prohibición absoluta del aborto, pero también es el país en el que se dictan las condenas más altas, que incluso pueden alcanzar los cincuenta años de prisión. El análisis de los casos de las condenadas por delitos relacionados con el aborto revela la enorme injusticia de la que son víctimas las mujeres pobres que en más de la mitad de las ocasiones son denunciadas por un personal sanitario que no tiene en cuenta la posibilidad de que el aborto haya sido producido de forma espontánea.
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