El presidente Mauricio Funes defendió el martes la necesidad de recuperar al estado salvadoreño y devolverle el papel activo que ha pedido en las últimas décadas.Necesitamos un estado que esté al servicio de las grandes mayorías y que no sea instrumento de un puñado de grandes intereses, ni políticos ni empresariales, expresó en un discurso.
El mandatario abordó el tema al recibir un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se pronuncia por cambiar los modelos económicos aplicados en el país por gobiernos precedentes.
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Desde el partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J), partimos de la base de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y, por tanto, deben tener acceso a una serie de derechos fundamentales.
Anteponemos las personas a los beneficios económicos, situando la economía al servicio del desarrollo humano[1] y priorizando la consecución de los derechos humanos como estrategia social, ya que sólo así se podrán sentar las bases de una sociedad cohesionada.
Este posicionamiento, que puede parecer utópico, debiera ser el punto de arranque de cualquier propuesta política en nuestro país; pues en realidad, por revolucionario que parezca, se trata de una exigencia recogida en la Constitución Española.
Así, nuestra norma fundamental, en su artículo 10[2], recoge tanto que el respeto a la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social como que la propia redacción de la Constitución está en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos[3].
En consonancia con el principio de partida expresado en el párrafo anterior, el M+J tiene por misión conseguir las transformaciones estructurales necesarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad[4]. Dicho de otro modo, pretendemos un cambio en el actual equilibrio de poder, que permita el desarrollo de las personas desde el pleno respeto del derecho nacional e internacional[5].
Quienes formamos parte del partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J) no nos sentimos culpables pero sí nos consideramos personas responsables que deben afrontar las situaciones de exclusión social que se viven en nuestras ciudades.
Somos conscientes de que todos los ciudadanos debemos arrimar el hombro si queremos construir una sociedad incluyente. Para poder convivir en nuestros municipios, que son cada vez más plurales, tenemos la obligación de respetar al otro; considerando las diferencias como motivo de mutuo enriquecimiento y no como fuente de conflictos.
Quizás aún más grave que considerar al diferente como una amenaza es ignorarlo; mirando para otro lado cuando percibimos alrededor realidades que nos incomodan al cuestionar nuestro nivel de confort. Vivir ajenos a cuanto ocurra resulta irresponsable pues, seamos conscientes o no, en este mundo globalizado nuestros actos tienen cada vez mayor repercusión.
La lucha contra la exclusión es un deber de la sociedad en su conjunto; y a través de cualquier ámbito de la política – no solo desde la política social - se debe contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva. Ahora bien, en esta tarea de integrar a las personas excluidas, los servicios sociales tienen un papel relevante. Para que estos servicios puedan ejercer eficazmente su labor, es preciso modificar dos aspectos claves sobre cómo se conciben tradicionalmente.
Por un lado, los servicios sociales actúan como meros dispensarios - con escasos recursos, y además, hoy, paradójicamente recortados por la crisis[6] - que ofertan medidas únicamente paliativas. Proponemos que los servicios sociales salgan a la calle y lleven a cabo iniciativas de integración; convirtiéndose en motores de la inclusión y la promoción social.
Por todo lo antepuesto invito a todos los ciudadanos españoles a conocer y votar por el PARTIDO POR UN MUNDO MAS JUSTO en las próximas elecciones municipales y autonómicas y a los hermanos latinoamericanos conocer y difundir nuestra propuesta POR UN MUNDO MAS JUSTO
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